III Congreso - 23 y 24 de octubre 2017
La tercera edición del Congreso se celebró en la sede de la Universitat de les Illes Balears en Ibiza (antigua Comandancia) los días 23 y 24 de octubre de 2017.
Durante los dos días se celebraron diversas ponencias de gran interés en las que expertos de diversos ámbitos del sector turístico pertenecientes a la universidad, a la administración y al sector privado se reunieron para debatir sobre los aspectos económicos, legales, sociales y territoriales asociados al fenómeno de las viviendas turísticas vacacionales en general y en Ibiza en particular. La comercialización online, la economía colaborativa, la competencia desleal, los fraudes, los efectos en el destino turístico o los efectos en la economía de la isla fueron algunos de los ejes de los debates.
Ángel Mesado, responsable de asuntos públicos de Airbnb; Joseba Cortázar, director de comunicación de HomeAway en España y Portugal, o Pilar Canedo, consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) han sido algunos de los ponentes del congreso.
El fenómeno de las viviendas turísticas vacacionales sigue en pleno centro del debate público y político al modificarse este verano la Ley de turismo de Balears, que afecta directamente a la comercialización de estancias en viviendas impidiendo de momento la comercialización en viviendas plurifamiliares. Así, también se celebrará una mesa redonda en la que participarán los cinco ayuntamientos de la isla para que expongan su visión de cómo ha de ser el futuro y expliquen sus proyectos de zonificación que exigen el Govern Balear y el Consell d'Eivissa.
La organización corre a cargo de la Asociación de Viviendas Turísticas (AVAT) y la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa y Formentera (PIMEEF). Se cuenta con el patrocinio del Consell d'Eivissa y de CaixaBank mientras la coordinación científica del evento corre a cargo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con el catedrático Juan Franch Fluxà a la cabeza de la misma.
El Gobierno impondrá un mayor control a las webs de pisos turísticos. Las plataformas deberán informar a Hacienda de la identidad de los propietarios que se anuncian y de los huéspedes. El Ministerio dispone ya de un borrador de decreto ley para evitar «el fraude fiscal y el lavado de dinero negro» en esta actividad.
El Gobierno central ha decidido intervenir en el caos del alquiler de pisos turísticos y va a obligar a los grandes portales comercializadores de internet, como AirBnb y HomeAway, a suministrar información básica a la Administración. El objetivo es asegurarse de que estos gigantes de las reservas on line cumplen con sus obligaciones tributarias y, por otro lado, garantizar un mínimo de control de seguridad ciudadana en estas viviendas.
El III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Eivissa, organizado ayer por la patronal del sector con el apoyo de las instituciones insulares, fue el escenario de este anuncio, que hizo el subdirector general de Cooperación Turística del Ministerio de Economía, Antonio Nieto Magro.
El citado alto cargo no se anduvo con rodeos a la hora de advertir a los portales de reservas, los cuales «aportan si suponen más eficiencia de recursos y aumentan la competencia, pero no aportan si es una manera de fomentar el flujo de dinero negro y el incumplimiento de las obligaciones fiscales». También mostró su preocupación ante la posibilidad de que estas webs puedan llegar a ser herramientas idóneas para eludir la seguridad ciudadana en estas viviendas.
«Actualmente, en el Ministerio de Hacienda está en fase de tramitación un borrador de real decreto que incluirá la obligación de que las plataformas [digitales] tengan que suministrar a la Agencia Tributaria la identidad de los dueños de los pisos que tienen en alquiler con fines turísticos». Además, AirBnb, HomeAway y otras deberán facilitar «los ingresos que perciben de los propietarios» de estos pisos. El borrador «seguro que tendrá tramitación en los próximos meses», añadió.
Identificar a los inquilinos
Por otra parte, el subdirector general de la Secretaría de Turismo recordó que «la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a los hoteles a suministrar a las Fuerzas de Seguridad información sobre las personas que se alojan en el hotel». Del mismo modo, con este real decreto, «en las viviendas deberá existir un flujo de información sobre los ciudadanos que se alojan en ellas», agregó.
Esta actuación se hará de modo que se respeten las competencias que tienen en materia turística las diferentes comunidades autónomas, destacó Nieto.
La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Eivissa, Gloria Corral, presente en el congreso, no perdió la oportunidad de recordar los problemas que ocasiona en Vila la comercialización de pisos turísticos por parte de AirBnb y HomeAway. En presencia de sendos directivos de ambas compañías, Corral recordó la falta de controles de seguridad en estas viviendas, el frecuente realquiler ilegal de pisos con las consiguientes estafas, la falta de comprobación de la identidad de quien alquila o de cualquier otro requisito básico, como el número de personas que se alojan realmente en un piso.
Port su parte, el diputado de Podemos en el Parlament balear Salva Aguilera recordó en el mismo acto los problemas de vivienda que padece la isla y la distorsión de los precios que ha introducido este tipo de portales digitales. Otros participantes en el posterior coloquio recordaron que la mayoría de empleados que atienden los pisos turísticos trabajan en negro y se fomenta así la economía sumergida.
Fuente: Diario de Ibiza
