III Congreso Viviendas Turísticas en la prensa

FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 24 OCTUBRE 2017

El Gobierno impondrá un mayor control a las webs de pisos turísticos

Las plataformas deberán informar a Hacienda de la identidad de los propietarios que se anuncian y de los huéspedes. El Ministerio dispone ya de un borrador de decreto ley para evitar «el fraude fiscal y el lavado de dinero negro» en esta actividad

Joan Lluís Ferrer - Ibiza
El Gobierno central ha decidido intervenir en el caos del alquiler de pisos turísticos y va a obligar a los grandes portales comercializadores de internet, como AirBnb y HomeAway, a suministrar información básica a la Administración. El objetivo es asegurarse de que estos gigantes de las reservas on line cumplen con sus obligaciones tributarias y, por otro lado, garantizar un mínimo de control de seguridad ciudadana en estas viviendas.

El III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Eivissa, organizado ayer por la patronal del sector con el apoyo de las instituciones insulares, fue el escenario de este anuncio, que hizo el subdirector general de Cooperación Turística del Ministerio de Economía, Antonio Nieto Magro.

El citado alto cargo no se anduvo con rodeos a la hora de advertir a los portales de reservas, los cuales «aportan si suponen más eficiencia de recursos y aumentan la competencia, pero no aportan si es una manera de fomentar el flujo de dinero negro y el incumplimiento de las obligaciones fiscales». También mostró su preocupación ante la posibilidad de que estas webs puedan llegar a ser herramientas idóneas para eludir la seguridad ciudadana en estas viviendas.

«Actualmente, en el Ministerio de Hacienda está en fase de tramitación un borrador de real decreto que incluirá la obligación de que las plataformas [digitales] tengan que suministrar a la Agencia Tributaria la identidad de los dueños de los pisos que tienen en alquiler con fines turísticos». Además, AirBnb, HomeAway y otras deberán facilitar «los ingresos que perciben de los propietarios» de estos pisos. El borrador «seguro que tendrá tramitación en los próximos meses», añadió.

Identificar a los inquilinos
Por otra parte, el subdirector general de la Secretaría de Turismo recordó que «la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a los hoteles a suministrar a las Fuerzas de Seguridad información sobre las personas que se alojan en el hotel». Del mismo modo, con este real decreto, «en las viviendas deberá existir un flujo de información sobre los ciudadanos que se alojan en ellas», agregó.

Esta actuación se hará de modo que se respeten las competencias que tienen en materia turística las diferentes comunidades autónomas, destacó Nieto.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Eivissa, Gloria Corral, presente en el congreso, no perdió la oportunidad de recordar los problemas que ocasiona en Vila la comercialización de pisos turísticos por parte de AirBnb y HomeAway. En presencia de sendos directivos de ambas compañías, Corral recordó la falta de controles de seguridad en estas viviendas, el frecuente realquiler ilegal de pisos con las consiguientes estafas, la falta de comprobación de la identidad de quien alquila o de cualquier otro requisito básico, como el número de personas que se alojan realmente en un piso.

Port su parte, el diputado de Podemos en el Parlament balear Salva Aguilera recordó en el mismo acto los problemas de vivienda que padece la isla y la distorsión de los precios que ha introducido este tipo de portales digitales. Otros participantes en el posterior coloquio recordaron que la mayoría de empleados que atienden los pisos turísticos trabajan en negro y se fomenta así la economía sumergida.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 24 OCTUBRE 2017

AirBnb y HomeAway rechazan la regulación de su actividad
Los dos portales no aclaran si prohibirán los anuncios que no exhiban el número de registro exigido por la ley

Joan Lluís Ferrer - Ibiza 
Los representantes de AirBnb, Ángel Mesado, y de HomeAway, José Antonio Bonache, cuestionaron durante el congreso de ayer las normas que pretenden regular los pisos vacacionales y la actividad de estos portales. Aunque en todo momento afirmaron que su intención es «cumplir la ley», evitaron aclarar de forma inequívoca si piensan rechazar aquellos anuncios que alquiler que no exhiban el número de registro de la vivienda, como requiere la ley. Booking sí ha anunciado que piensa hacerlo. HomeAway está «en proceso de educar a todos los propietarios para que pongan su número de registro», fue lo máximo que dijo Bonache al respecto.

Aparte de defender el nuevo sistema de alojamiento que demandan los viajeros en la actualidad, los dos portavoces nacionales de estas plataformas admitieron que este sistema provoca algunas «externalidades», eufemismo con el que se refirieron a los problemas y conflictos de convivencia, estafas y otras irregularidades. En todo caso, la culpa de estos problemas «es de todos». «No somos los únicos responsables, porque esto es un puzzle y no hay un solo culpable», afirmó Bonache.

Preguntados sobre cómo piensan evitar los realquileres ilegales de viviendas anunciadas en sus portales, el representante de AirBnb dijo que «en una plataforma de más de tres millones de anuncios, la normativa establece la no obligatoriedad de juzgarlos uno a uno, porque no es viable». También dijeron que «en el 90% de los casos, la experiencia del viajero es satisfactoria».

El director insular de Turismo del Consell, Vicent Torres, preguntó al directivo de AirBnb si facilitará al Consell un listado de los anunciantes de la isla, a lo que Ángel Mesado contestó sin comprometerse a ello: «Se contestará en base a la legislación que afecta a las plataformas», señaló.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 24 OCTUBRE 2017

Las fuerzas de seguridad ven necesario el parte de viajeros en los pisos turísticos
Policía Nacional y Guardia Civil se declaran «sorprendidas» por el aumento de las estafas en los pisos de alquiler de Ibiza. Advierten de que las bandas mafiosas duplican y usurpan los anuncios de webs legales para cazar a sus víctimas

Joan Lluís Ferrer - Ibiza
Los investigadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que se encargan de perseguir los delitos informáticos en las islas abogaron ayer por implantar el llamado 'parte de viajeros' que se usa en los hoteles también en los pisos turísticos, como elemento de control de quienes se alojan en ellos y ayudar así a combatir el crimen organizado.

Durante la sesión vespertina del congreso sobre vivienda turística que ayer y hoy se celebra en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB), un miembro del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y una inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional se declararon «sorprendidos» por el «crecimiento de las estafas en el alquiler vacacional» de las islas, especialmente en Eivissa.

Ello es así porque las estafas en el sector de los pisos turísticos «son muy fáciles de hacer y proporcionan mucho dinero». En cambio, la persecución policial de estos delitos es mucho más lenta que la acción de los delincuentes por la propia naturaleza de las herramientas informáticas que usan.

A modo de ejemplo, los representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional explicaron que los estafadores suelen crear sus propias páginas web de alquileres de pisos copiando el contenido completo de webs comerciales implantadas de forma legal (Ecoibiza, Fotocasa, Milanuncios...), pero poniéndoles otra dirección y exigiendo el pago anticipado. De este modo, cuando el cliente llega a Eivissa, el piso que ha alquilado «ya lo tiene otra persona, han pagado por una casa que no tienen y el que ha alquilado no se sabe dónde está», señalaron.

La Policía Nacional y la Guardia Civil señalan que estas mafias que operan en Eivissa suelen ser el escalón más bajo de organizaciones criminales que operan en los países del Este y que además de esto se dedican al tráfico de armas, personas o drogas. Los taxis pirata, los narcotraficantes de las fiestas ibicencas y otras lacras similares están vinculadas normalmente entre sí, señalaron.

«Pillamos al mulero, pero la cúspide de las redes está en los países del Este», confesó el agente de la Guardia Civil, quien admitió las dificultades de su labor, puesto que los ciberestafadores cambian rápidamente de web, de teléfono y de dirección postal, aprovechando que en internet no hay fronteras, «pero sí las hay entre los países», lo que complica su persecución internacional.

A preguntas del moderador, Pedro Luis Gil, de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Eivissa y Formentera, los dos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado abogaron por la implantación del parte de viajeros que en los hoteles sirve para identificar a los clientes. Estas «fichas de policía», como se las conoce normalmente, «ayudarían mucho», según la unánime opinión de los ponentes. «Mucha gente que se queja de que ha alquilado su piso y se lo han destrozado, ni siquiera tenía partes de viajero para que lo rellenaran los inquilinos», indicaron. El miembro de la Guardia Civil recordó, a modo de ejemplo, que los terroristas que perpetraron el reciente atentado yihadista de Barcelona «estaban en un chalet», por lo que defendió este tipo de impreso para mejorar la seguridad ciudadana.

Por su parte, el representante de la Agencia Tributaria de Balears. Luis Messeguer, indicó que sólo la mitad de las viviendas turísticas que hay censadas en la isla de Eivissa están dadas de alta para ejercer esta actividad, confirmando así anteriores estimaciones que demuestran la abundancia de la oferta ilegal en este sector de negocio.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 24 OCTUBRE 2017

El Gobierno endurecerá el control del alquiler turístico para evitar fraudes fiscales
Hacienda trabaja en un borrador que obliga a las plataformas de alquiler a dar información sobre la identidad de los propietarios

Noemí Martínez
El Ministerio de Hacienda está trabajando en un borrador de Real Decreto que obligue a las grandes plataformas de alquiler turístico a dar una información específica sobre la identidad de los propietarios del inmueble, además de si los pisos que ponen en alquiler tienen fines turísticos o los ingresos que perciben. Y es que, en palabras de Antonio Nieto, subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística del Ministerio de Economía, la conocida como economía colaborativa que surge de las viviendas de uso turístico «tiene múltiples ventajas, pero también genera situaciones que crean inconvenientes».

En este sentido, durante la celebración del III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, organizado por AVAT, habló de la importancia de evitar que las plataformas «eludan algunas obligaciones como las tributarias, la no declaración de obligaciones fiscales, que fluya dinero negro o, incluso, el blanqueo de capitales». El alquiler de viviendas turísticas va en aumento, motivo por el que las administraciones públicas se han visto en la necesidad de tomar medidas. «Puede ser también que se trata de sistemas sobre los cuales se eluden algunas garantías que tienen los consumidores y que son esenciales para su seguridad», explicó Nieto.

El texto que «se tramitará en los próximos meses» también contempla abordar la seguridad. En esta línea, Nieto recordó que «la ley de Seguridad Ciudadana ya está obligando a los hoteles a suministrar a las fuerzas de seguridad del Estado información sobre las personas que se hospedan en los hoteles». Situación que, entiende, debe extrapolarse a las viviendas turísticas. «Deberá existir un flujo de información sobre las personas que se alojan en este tipo de viviendas», matizó.

Opiniones dispares
Tanto Homeaway como Airbnb, dos de las grandes plataformas presentes en el congreso, mostraron su rechazo al Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno. «Las plataformas están dando herramientas para que esta actividad que se ha hecho siempre recaude más impuestos que nunca porque todos los pagos van a cuentas bancarias», explicó ángel Mesado, responsable de Políticas Públicas de Airbnb de España y Portugal.

LA NOTA
El Consell pide tener en cuenta la sostenibilidad
El Consell d’Eivissa, por su parte, reconoció ayer estar ante «un problema realmente complicado de resolver», en relación al alquiler turístico vacacional. Es complicado teniendo en cuenta las limitaciones de contratación impuestas por la normativa estatal actualmente en vigor», explicó el director insular de Turisme de Ibiza, Vicent Torres Benet. Desde el Consell aseguran que, aunque quieren que este sector «evolucione», es fundamental tener en cuenta el factor de la sostenibilidad porque «hay elementos a los que no hay que renunciar como la preservación de los
valores medioambientales, el equilibrio territorial y la consecución de un nivel óptimo de convivencia entre la población residente y los visitantes»

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 24 OCTUBRE 2017

Las viviendas acaparan la mayoría de las actuaciones de inspección

Noemí Martínez
En lo que va de año, los inspectores de turismo han abierto 315 diligencias de denuncias anónimas de las cuales 199 son de viviendas. «Se han multiplicado por cuatro en dos años y creo que son pocas, debería haber más», explicó ayer Ramón Roca, jefe de servicio de turismo del Consell, en una de las ponencias del III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales. En este sentido, acusó la falta de inspectores con los que cuenta Ibiza que, en la actualidad, cuenta con seis efectivos y con dos personas que se encargan de tramitar las multas.

«Este año llevamos más de 312.000 euros en sanciones de los cuales ya hemos cobrado 91.000», aseguró, al tiempo que matizó que «solo se cobra alrededor del 45% porque en la isla hay muchos comercializadores de fuera».

Roca afirmó, además, que la nueva ley del Govern les va a facilitar «muchísimo» el trabajo porque ahora pueden actuar directamente contra el comercializador, también contra el canal de comercialización y contra los enlaces «como Google, al que podemos pedir que deje de indexar, por ejemplo, Airbnb en Ibiza». Además, «cualquier alquiler inferior a un mes es turístico y esto es vital porque sino cualquiera podía alegar que no lo era». En este momento, desde el Consell se está trabajando en una campaña de información para que los propietarios también conozcan sus derechos.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 24 OCTUBRE 2017

Las plataformas de alquiler vacacional dejaron 900 millones de euros en 2016 en Balears
La plataforma Airbnb generó un impacto de 500 millones en las islas de los que 40 millones correspondieron a Ibiza

N. M.
Las grandes plataformas tildan de «confusa» la nueva ley aprobada por el Govern balear para regular el alquiler turístico vacacional, al considerar que la actividad genera beneficios no sólo en los propietarios sino también en los viajeros y en las diferentes comunidades autónomas. «Muchos de los pequeños empresarios, bares y restaurantes que están alrededor de estos apartamentos están viendo cómo sus ingresos crecen», señalizó José Antonio Bonache, de Homeaway, durante el III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales.

Por su parte, Ángel Mesado, responsable de relaciones corporativas de Airbnb en España y Portugal, no quiso olvidar la repercusión que tuvo esta práctica en Balears en el pasado ejercicio. «Es importante poner de relieve el papel de los 900 millones de euros que durante 2016 las Balears recibieron a través de las plataformas». En lo que atañe a Airbnb, la comercializadora generó un impacto de 500 millones en las islas, de los que 40% (un total de 200 millones) correspondieron a Ibiza. Mesado también quiso recalcar que el 70% de los usuarios «tienen un solo anuncio y los ingresos turísticos no superan los 9.000 euros al año, por lo que no es su principal fuente de ingresos» y no se incluye como actividad profesional.

En este sentido, tanto Homeway como Airbnb piden que se tengan en cuenta estas tendencias de un sector alternativo que «no va a parar, sino que va a seguir creciendo». Las dos plataformas ven en la «innovación» su herramienta de trabajo y buscan un modelo de turismo sostenible y respetable que creen que «con la ley que se ha aprobado, no se va a conseguir ese objetivo». Aún así no eximen sus responsabilidades y aseguran que «vamos a cumplir con la legalidad de esta ley, pero también vemos que es difícil que se implemente como ellos quieren porque es incompatible con la normativa de protección de datos y de comercio electrónico europeo».

Piden mayor diálogo
Entre los grandes problemas que ven las plataformas está la falta de diálogo y el entendimiento por parte de las administraciones. «Unas 20.000 familias de las islas recibieron 100.000 euros directamente durante el año pasado. Es un dato que no se puede obviar y que no se debería limitar con una medida tan agresiva», señalaba Mesado.

Por su parte, desde la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera (AVAT) exigen una normativa común para todos los entes. «La nueva ley pide que cualquier comercializador ponga su alojamiento con un número de legalización. Sé que Homeaway está en ello, pero no tengo constancia de Airbnb», criticó su presidente Roberto San Esteban. Sin embargo, la respuesta por parte de las plataformas no fue contundente. «Estamos informando a los usuarios de que tienen que cumplir la ley, pero es complicado abrir un espacio en una plataforma mundial para que pongan un número», explicaron.

Realquileres
En la actualidad la burbuja del alquiler turístico está sacando a la luz el negocio oculto de muchos usuarios. En este sentido, las dos plataformas presentes en el congreso quisieron aclarar que «teniendo más de tres millones de anuncios, la normativa establece la no obligatoriedad de juzgar uno por uno porque sería inviable». Aún así, aseguran que para darse de alta en el portal hay que identificarse y, a partir de ahí, se estudia el régimen de responsabilidad de cada anunciante en relación con la normativa local de su ciudad. «En caso de detectar algo tenemos sistemas de notificación y retirada de anuncios, sistemas de tasas turísticas, etc».

Homeaway y Airbnb afirman que el 90% de las experiencias, tanto de viajeros como de propietarios, son satisfactorias, según sus propios cálculos.

LA NOTA
Aspectos medioambientales
Las grandes plataformas de alquiler turístico vacacional aseguran tener «éxito» gracias a su localización, un mayor retorno de la inversión, más espacio y una mayor privacidad. Además, desde Airbnb dan datos concretos del ahorro que supone pernoctar en estos alojamientos. «En 2016 en Balears, la energía que se ahorró por usar nuestra plataforma y no un hotel fue el equivalente a 12.000 casas y las emisiones que se ahorraron fue el equivalente a 35.000 coches». Tampoco se olvidaron de recordar que gracias a este nuevo sector, la oferta es más «amplia y sabes lo que te vas a encontrar gracias a comentarios y fotos».

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FUENTE: NOUDIARI, 23 OCTUBRE 2017

El Gobierno quiere obligar a las plataformas de alquiler turístico a informar sobre propietarios y clientes

Luciana Aversa
El Gobierno tiene preparado el borrador de un decreto para incrementar el control fiscal y de seguridad en los alquileres de viviendas y pisos turísticos. La nueva medida prevé obligar a las plataformas comercializadoras a dar información a la Agencia Tributaria sobre los propietarios que alquilan sus viviendas, así como a informar también, pero a las fuerzas de seguridad del Estado, sobre los clientes que se alojan en los pisos.

Así lo ha anunciado hoy el subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística, dependiente del Ministerio de Economía, Antonio Nieto Magro, en el III Congreso de Viviendas Turísticas que se celebra hoy y mañana en la sede de la UIB en Ibiza.

Nieto ha asegurado que aunque el Estado “reconoce las ventajas que genera” el alquiler de viviendas y pisos turísticos a través de plataformas digitales, “también es consciente de que hay responsabilidades a las que se tienen que atener”.

En este sentido, ha explicado que de acuerdo al borrador del nuevo decreto, “las plataformas tendrán la obligación de suministrar a la Agencia Tributaria información específica sobre la identidad de los dueños de los pisos que tienen en alquiler con fines turísticos o de quienes se anuncian para alquilarlos, y de los ingresos que reciben los propietarios”.

Según el representante del Estado, lo que se intenta evitar es que a través de estas plataformas se puedan estar eludiendo “algunas obligaciones, como las tributarias, que sean sistemas que están permitiendo la no declaración de obligaciones fiscales, que fluya el dinero negro, o incluso sistema de blanqueo de capitales”. También se intenta evitar que “puedan ser sistemas sobre los cuales se vulneren algunas garantías que tienen los consumidores, esenciales para la seguridad!.

Los asistentes al Congreso de Viviendas Turísticas. Foto: L.A.
En esta línea, el texto que se tramitará en los próximos meses también abordará el tema de la seguridad. Según ha detallado, la “Ley de Seguridad Ciudadana está obligando a los hoteles a suministrar a las fuerzas de seguridad del Estado información sobre las personas que se alojan en sus hoteles”. Esta medida, según ha explicado, también se impondrá para los ciudadanos que se alojan en pisos y viviendas turísticas.

Desacuerdo de las plataformas
Al respecto, Ángel Mesado, responsable de Políticas Públicas de Airbnb de España y Portugal ha asegurado que las plataformas de alquiler y la Asociación Española de la Economía Digital ya han consultado el borrador y han manifestado su “preocupación y desacuerdo”. “No sabemos cómo será el Real Decreto, pero tenemos una posición muy negativa al respecto”, ha señalado, en referencia a la aplicación del decreto y su posible incompatibilidad con la “normativa de protección de datos y de comercio electrónico europeo”.

Desde su punto de vista, “las plataformas están aportando herramientas para que esta actividad, que es una actividad tradicional que se ha hecho siempre, recaude más impuestos que nunca porque todos los pagos van a cuentas bancarias”. “Las plataformas son una herramienta a favor de los cumplimientos de las obligaciones tributarias de los usuarios”, ha asegurado Mesado.

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FUENTE: NOUDIARI, 24 OCTUBRE 2017

Airbnb y Homeaway se desentienden y niegan responsabilidad en los problemas de vivienda

Luciana Aversa
Las plataformas de comercialización de alquileres turísticos, Airbnb y Homeaway, descartaron ayer cualquier responsabilidad exclusiva y se desentendieron de los problemas que tiene Ibiza derivados del alquiler de pisos y viviendas a turistas, como es la falta de oferta residencial y el incremento de precios del alquiler residencial.

En la mesa redonda moderada por Roberto San Esteban, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT), y en el marco del III Congreso de Viviendas Turísticas celebrado en la UIB, los representantes de ambas plataformas, Ángel Mesado, de Airbnb, y José Antonio Bonache, de Homeaway, sólo destacaron los beneficios del sistema de alquiler turístico.

Sin embargo, en el turno de preguntas, sí respondieron a las críticas de la concejala de Turismo de Vila, Gloria Corral, que les señaló que el alquiler turístico está provocando “un sinfín de problemas gravísimos” como la falta de vivienda y el encarecimiento de la misma en toda la isla, lo que provoca que “no pueden venir enfermeras, maestros, policías…”. También les indicó, entre otras cuestiones, la falta de control de las plataformas sobre los intermediarios que alquilan pisos a espaldas de los propietarios. “¿De verdad es tan bonito como lo pintan, porque aquí se nos han generado un montón de problemas?”, preguntó la edil.

La respuestas de ambos representantes fueron diferentes. Por un lado, el representante Airbnb, Ángel Mesado, se desentendió y se limitó a decir que “hay que atajar los problemas y las cuestiones negativas que se puedan genera por esta actividad”.

Sin embargo, el portavoz de Homeaway, José Antonio Bonache, sí profundizó en el tema, y aseguró que las plataformas son “parte de un puzzle” y que no cree que “una única pieza de todo el puzzle sea el culpable”.

“Si existen esos problemas hay que averiguar por qué. Hay que ver cuántos apartamentos hay vacíos, cuántos se han construido de vivienda social, cuánto se pagan los salarios en ese sector o en otros sectores”, enumeró, entre otras cuestiones, como la cantidad de “hoteles cierran o abren” o los coches que se alquilan en la isla.

Para Bonache, “es cuando se tiene toda la foto” cuando se debe regular. En esta línea advirtió que “intentar prohibir” o hacer una ley, mientras el “mundo va por otro lado”, puede no dar los resultados buscados. “Si todas esas externalidades se producen, no creo que se produzcan solo por nosotros, y eso es lo que le hemos dicho al Govern balear”, destacó.

En el turno de preguntas, también intervino el diputado de Podemos, Salvador Aguilera, que les recordó que no cumplen la ley porque en Ibiza está prohibido alquilar pisos en edificios residenciales.

En respuesta, el representante de Homeaway aseguró que todo lo que hace la plataforma “es legal”.

Otros presentes en la sala también intervinieron, en algún caso para defender los alquileres turísticos. En este sentido, una de las presentes aseguró que tenía un piso que tuvo que vender, pero que antes lo alquiló en el mercado residencial y tuvo que invertir 15.000 euros para repararlo porque se lo dejaron “destrozado”.

40 millones de repercusión económica en Ibiza 
Entre las bondades del alquiler turístico, el representante de Airbnb destacó que entre todas las plataformas provocaron durante el año pasado en Baleares un impacto económico de 900 millones de euros, de los cuales 500 millones los generó sólo Airbnb en todo el archipiélago. Un total de 100 millones, según destacó, fueron los beneficios para los usuarios de Baleares que alquilan a través de la plataforma.

De este total, el impacto económico en Ibiza fue de 40 millones de euros, según detalló Mesado.

Por su parte, Bonache, destacó que el sistema favorece a los viajeros, porque “responde a una demanda de familias y grupos que buscan un mayor espacio a un precio razonable”; a los dueños “porque les da la oportunidad de generar ingresos con una propiedad que está vacía” , y a la comunidad, porque evita que el turismo se concentre en los centros urbanos “y permite que el turismo se socialice”.

También remarcó que muchos de los propietarios usan sus beneficios para pagar reformas o hipotecas.

La nueva ley “es confusa y ha generado mucho miedo”
Sobre la regulación, el representante de Homeaway, aseguró que los reguladores deben tener en cuenta “estas tendencias” y advirtió que el mercado de alquileres turísticos “no va a parar” porque tanto los propietarios como las comunidades donde están los pisos turísticos, “ven los alquileres como una alternativa viable”. También aseguró que se deben “respetar los derechos de los propietarios, que han invertido en mejorar sus apartamentos” y destacó que mucha gente “durante la época de crisis ha visto en este sector una forma de sobrevivir”.

En cuanto a la nueva ley balear, aseguró que “es confusa, difícil de implementar, y que ha creado mucho nerviosismo y mucho miedo”. “Sí que demostramos al Govern que nosotros vamos a cumplir con la ley, pero vemos que es muy difícil que se implemente y que dé los resultados que buscan”, advirtió.

El congreso, que continuó ayer con otras ponencias y conferencias, seguirá hoy con más debates sobre las viviendas turísticas en la sede de la UIB.